Una mujer indígena pasea con un ramo de flores en Guatemala..

Cambio climático, identidad y toma de decisiones: el reto de defender los derechos indígenas en América Latina

Autor | Tania Alonso

Bañada por ríos y océanos y cubierta por bosques, llanuras y montañas, América Latina es una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad. Sin embargo, ostenta también el título de ser la región en donde más personas mueren por defender la tierra y el medioambiente.

En 2019, 212 personas fueron asesinadas en el mundo por intentar defender sus territorios de la deforestación o la sobreexplotación. Más de dos tercios de estas muertes se sumaron en América Latina, sobre todo entre poblaciones indígenas de países como Colombia. Allí, la raíz del problema se basa en importantes desigualdades sociales, errores en la gestión de los territorios y en la reivindicación de estos pueblos de sus derechos y su identidad.

El verdadero valor de la tierra

Para los indígenas latinoamericanos, su territorio tiene ante todo un valor identitario. Su propia cultura está ligada a la tierra y la naturaleza que les rodea. Desde hace siglos, esta forma de ver el mundo ha chocado de frente con la occidental, centrada en la explotación de la naturaleza con fines económicos.

Sin embargo, sería erróneo limitarse al valor espiritual de la tierra para entender los objetivos de las comunidades indígenas de América Latina. Su entorno tiene también un importante potencial económico que a menudo no pueden explotar. Según datos de la ONU, unos 60 millones de indígenas (que representan un 10% del total de la población), forman algunos de los colectivos más atrasados en materia económica y social del continente, a pesar de la riqueza de sus territorios.

Entra en juego, también, el valor social: garantizar sus derechos territoriales es el primer paso para que los indígenas puedan participar de la vida política, cultural y social de sus países.

En defensa de los derechos indígenas

Según el informe ‘Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente’, de la ONG Global Witness, 148 personas fueron asesinadas en 2019 en América Latina por defender sus tierras y el medioambiente. De acuerdo con el mismo informe, los pueblos indígenas corren un riesgo desproporcionado de convertirse en víctimas de represalias. El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas a nivel mundial pertenecían a comunidades indígenas.

Estos datos chocan frontalmente con sus derechos, recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, esta declaración garantiza su derecho a mantener su propia relación con sus tierras y recursos, además de hacer uso de los mismos.

Un grupo de niños de la comunidad indigena koreguaje juega en una playa.

Sin embargo, y tal y como indica la FAO, la administración de las tierras y los territorios indígenas no depende solo de las formas de gestión y gobierno interno de cada comunidad, sino también de las atribuciones que los gobiernos les otorguen. A menudo, una mala administración del territorio por parte de alguna de las dos partes da lugar a problemas y conflictos. Los indígenas denuncian que algunos gobiernos (como puede ser el de Jair Bolsonaro en Brasil) y empresas privadas continúan haciéndose con el control de territorios para su explotación, con el consiguiente impacto a nivel social y medioambiental.

Por el lado de las soluciones

A los conflictos se suman, en ocasiones, historias positivas que derivan de una correcta administración de los territorios. Es el caso de la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala, en donde un modelo de concesiones forestales manejadas por comunidades ha reducido la deforestación, los incendios y los saqueos de yacimientos arqueológicos. Comunidades indígenas y locales han logrado una gestión sostenible que además les reporta beneficios económicos.

De experiencias como esta se concluye que para garantizar los derechos indígenas es necesaria la colaboración entre sus propios representantes, los estados, los organismos internacionales e intergubernamentales y las empresas privadas.

De los estados depende que se garanticen su libertad de reunión y expresión y su derecho a decidir cómo gestionar su territorio. De las empresas, que se acabe con la adquisición ilegal de tierras y con el uso indebido de los recursos naturales, malas prácticas que ponen en peligro el medioambiente y su estilo de vida.

Imágenes | Scott Umstattd, Steven Gaviria